La «enorme deuda» de Guatemala con las víctimas de la desaparición forzada

Esta semana volvimos a publicar el episodio “Hasta encontrarlo” con una actualización. Se trata de la historia de la familia Molina Theissen y su búsqueda de justicia desde hace más de 40 años por la desaparición forzada por parte de las Fuerzas Armadas guatemaltecas de su miembro más pequeño, Marco Antonio, a los 14 años. Si bien se emitió una sentencia en 2018 contra cuatro exmilitares, al día de hoy, marzo de 2024, la misma todavía se está apelando.

Esta prórroga se explica, en parte, por la situación del Poder Judicial en Guatemala durante los últimos años. Para entender un poco más de lo que está pasando en el país, hablamos con Marcela Martino, subdirectora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Esta organización ha monitoreado y denunciado lo que acontece en Guatemala y también ha acompañado casos como el de la familia Molina Theissen en el sistema de justicia internacional. 

Luis Vargas: ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido la sentencia del caso Molina Theissen en la búsqueda de justicia para las personas víctimas de desaparición forzada en Guatemala?

Marcela Martino: Podemos hablar de impactos en diferentes niveles. Por una parte, el que se condenara a cuatro exmilitares de tan alto rango tiene un enorme impacto reparador en el establecimiento de la verdad para las familias víctimas del conflicto armado en Guatemala. Hay documentos que muestran que estas personas cometieron actos que afectaron la vida de miles de personas en una sociedad que, durante décadas, ha tenido que luchar por la reivindicación de las víctimas sin contar con la institucionalidad ni la buena fe del Estado. 

Por otro lado, frente a las conquistas que lograron los movimientos sociales y de familiares víctimas de violaciones a derechos humanos, en los últimos años se dio un efecto boomerang que reagrupa intereses militares, económicos y políticos para cooptar los órganos de justicia. Esto ha implicado un retroceso muy grave de la institucionalidad en general en Guatemala, e impide que veamos, por ejemplo, una sentencia en firme en el caso Molina Theissen debido a varias prórrogas. Y este no es el único caso. Es claro que no estamos en la misma situación que cuando se dictó la sentencia inicial por el caso de Marco Antonio y Emma. 

Luis Vargas: ¿Puede explicarnos qué es lo que está pasando en el sistema judicial guatemalteco?

Marcela Martino: Hemos visto presión por parte de los grupos de poder investigados por grandes casos de corrupción para crear una oleada de criminalización del uso del derecho penal para hostigar, amenazar e incluso detener a jueces y fiscales que habían sido independientes y que habían empezado a abrir espacios para la justicia en Guatemala. Varias de estos jueces y fiscales también fueron esenciales para alcanzar la justicia en casos como el de la familia Molina Theissen. 

Entre 2021 y 2023, al menos 64 operadores de justicia guatemaltecos tuvieron que salir exiliados del país, algunos con decenas de casos de criminalización. Hay casos más extremos, como fiscales o ex abogadas, que participaron como mandatarias de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), detenidos durante meses por procesos absolutamente anómalos y frívolos, como por denunciar a un juez por abuso de autoridad. El periodista José Rubén Zamora, director del diario El Periódico, está privado de libertad en condiciones muy precarias por denunciar esta cooptación. También hay persecución contra personas defensoras de derechos humanos. En los últimos dos años se estima que más de 70 han tenido que salir de Guatemala. 

Luis Vargas: ¿Qué repercusiones tiene la situación de los jueces y fiscales en la búsqueda de justicia?

Marcela Martino: En semanas y meses pasados hemos visto absoluciones a responsables de graves crímenes como masacres. Quiero destacar el caso del Diario Militar, un dosier que contiene información sobre gravísimas violaciones de tortura, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas Armadas de Guatemala durante el conflicto. El desplazamiento de jueces y juezas independientes, la liberación de personas en prisión preventiva y el aplazamiento de audiencias ha afectado gravemente la posibilidad de justicia. La semana pasada se absolvieron dos imputados en el caso conocido como la Masacre de Alaska, donde seis personas de etnia k’iche’ fueron asesinadas por miembros del ejército. 

Luis Vargas: ¿Ha habido algún cambio en la situación con la llegada al poder de un nuevo gobierno?

Marcela Martino: Bueno, creo que para muchas personas que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos, víctimas y movimientos sociales, un nuevo gobierno significa una esperanza de un giro en las posiciones que el Estado tenía respecto a la memoria, a la verdad, a cómo reparar violaciones tanto del pasado como del presente. 

Pero lo cierto es que la institucionalidad de un país no se mueve siempre a la rapidez que los ciudadanos y ciudadanas queremos o necesitamos. Con el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidente Karin Herrera vemos un cambio de narrativa del Poder Ejecutivo respecto de sus obligaciones en materia de derechos humanos. También está el nombramiento de personas con una trayectoria de trabajo en esta área en algunas instituciones clave.

Pero hay separación de poderes, y eso significa que la cooptación que se dio de ciertas instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema o la Corte de Constitucionalidad no han cesado. Creo que vamos a tener que estar atentas y trabajar para que, al igual que se están dando estos cambios a nivel del Poder Ejecutivo, haya transparencia en la manera en que serán electas las personas en esas áreas. Hay que trabajar en cómo impactamos los procesos de elección de jueces de altas cortes, cómo se da una participación efectiva de la sociedad civil para que no se sigan manipulando los procesos de elección.

Hay que garantizar procesos que vuelvan a hacer que las instituciones respondan al interés de la mayoría de las poblaciones en un Estado que tiene enormes deudas no solo en impunidad, sino en alimentación infantil, exclusión, desigualdad y pobreza. 

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